El pasado 22 de julio, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la casa de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fue allanada. Ante los hechos, el Centro denunció la ineptitud y el pésimo apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de las agencias de policía estatales y municipales.
En México, al igual que los periodistas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, los sacerdotes son un grupo vulnerable por las amenazas, el acoso, las agresiones y los homicidios por parte de cárteles del narcotráfico. En los últimos 23 años han sido asesinados 155 sacerdotes católicos. Organizaciones criminales mantienen bajo el asedio a sacerdotes que les son incómodos porque denuncian sus atrocidades y organizan a las comunidades que atienden para que se defiendan como las indígenas en Chiapas. Las autoridades locales y federales han ignorado el llamado de auxilio de la Iglesia católica, que ha pedido seguridad para sus ministros en zonas azotadas por la violencia.