El litio ha desatado la guerra en Sonora y Chihuahua
En el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron cientos de concesiones a empresas chinas. La misma tendencia siguió con Enrique Peña Nieto.

En el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron cientos de concesiones a empresas chinas. La misma tendencia siguió con Enrique Peña Nieto.
En el libro La Guerra del Litio, el autor afirma que México se posiciona como la décima potencia mundial en reservas probadas de este mineral, recurso esencial para la industria tecnológica y automotriz.
El asesinato de las nueve víctimas inocentes de la comunidad LeBaron fue un asesinato por el litio, y no solo es una afrenta social, es y será el sello de vergüenza que en los anales de la historia, por los siglos de los siglos, habrá de marcar al presidente Andrés Manuel López Obrador y su mal logrado régimen humanista, no nada más por la omisión de la torcida indagatoria oficial que ha dejado de lado, como línea de investigación de esa masacre, a la ambición empresarial, sino también por la falta de seriedad para el esclarecimiento del caso.
Se prevé que se viole el debido proceso y el derecho a la defensa de los ciudadanos y la opacidad total de los procesos penales, como ocurrió en Perú y en El Salvador, donde el Poder Ejecutivo controló totalmente el sistema de justicia, hubo detenciones masivas y juicios masivos ante tribunales civiles y militares sin rostro. En México, los jueces sin rostro llegan enmedio de la militarización de la seguridad pública, la estrategia de combate a los cárteles del narcotráfico, donde las Fuerzas Armadas decidirán quiénes podrán seguir su proceso en libertad y demostrar su inocencia, teniendo como escenario los megaproyectos de infraestructura y políticas económicas neoliberales de AMLO y Claudia Sheinbaum, como ocurrió en dichos países latinoamericanos. Si bien el argumento de implementar los jueces sin rostro en procesos penales que involucran a la delincuencia organizada es para proteger su integridad y seguridad, hay juzgadores en nuestro país que ya trabajan para cárteles del narcotráfico, y existen perfiles de candidatos a jueces en esta elección judicial cercanos a narcotraficantes y a organizaciones criminales.
La tesis de que el litio es el nuevo becerro de oro que hace que salive la nueva clase política y empresarial mexicana, tiene un sustento. Igual que a la vieja usanza –cuando el Estado mexicano nació como un comité facilitador de negocios- hoy se siguen dando facilidades para amasar nuevas fortunas a partir de la entrega de la riqueza nacional.
En promedio, de acuerdo a la información pública que se ha generado en los medios de comunicación, en los últimos 10 años, de cada 100 personas que son detenidas por su probable relación con células de los carteles del narcotráfico, cuya pertenencia a esas organizaciones es del dominio público, por lo menos 85 de esos delincuentes son puestos en libertad por la decisión unipersonal de algún Juez de primera instancia o por la orden inatacable de Magistrados de Tribunales Unitarios o Colegiados de Circuito.
A lo largo de este libro se revisa la política perversa del gobierno federal para ocultar la riqueza de ese metal y cómo se ha aliado con grupos del narcotráfico para obligar el despoblamiento de zonas mineras importantes.
Este libro, donde se insiste en la inseguridad persistente y los altos niveles de corrupción que históricamente han afectado a México, que añaden una capa adicional de urgencia y relevancia a la exploración de este tema, promete arrojar luz sobre las complejas fuerzas que compiten por este recurso estratégico en territorio mexicano
Por. Margarita Rodríguez El periodista de investigación J. Jesús Lemus, conocido por sus trabajos incisivos y valientes sobre la corrupción y el crimen organizado en México, regresa a las librerías con su más reciente obra: “La Guerra del Litio”. Aunque aún no se encuentra en los estantes, el anuncio de esta publicación ha generado expectación,…
El Poder Judicial en México, hasta donde nos alcanza la luz del razonamiento, a causa del secuestro del que es objeto ha dejado de operar socialmente; se ha convertido en un instrumento al servicio de las elites y de los grupos sociales y políticos que se consideran dueño de México, que cada vez -más rapaces-, insisten en medrar con el uso del derecho para adueñarse de la justicia