La minería en México, de la forma en que actualmente se lleva a cabo, es considerada por diversas agrupaciones civiles como letal para las comunidades asentadas en las zonas ricas en minerales. Por eso no es fortuito que a lo largo de todo el territorio nacional no exista una sola mina en exploración o explotación que no conlleve un conflicto social de la mano, por mínimo que este sea.
Desde agosto de 2024, el líder ambientalista informó de amenazas de muerte al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación, manifestando “que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo”, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó la muerte del líder ambientalista, sin embargo, no cesa la violencia en el estado.
Olivier De Frouville, presidente del CED, anunció el viernes la activación del procedimiento que abre la posibilidad de que intervenga la Asamblea General de Naciones Unidas tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, y “tras haber solicitado del Estado Parte toda la información pertinente sobre esa situación, podría llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”
Tras la resolución de un amparo judicial interpuesto por ONGs acompañantes de víctimas de tortura. De 4 mil 595 investigaciones por tortura en México, documentadas en 2023, solo el 0.3% llegó a juicio
Los homicidios de Cayetano de Jesús Guerrero y de Sergio Cruz Nieto muestran el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, subrayó la Unión Europea, al pedir a las fiscalías de investigación vincular los atentados y amenazas previos con su labor, para que sus asesinatos no queden impunes. La ONU-Derechos Humanos exhortó al Gobierno mexicano a identificar medidas urgentes que protejan y prevengan atentados contra periodistas y activistas, a fin de reaccionar adecuadamente frente a situaciones de riesgo y garantizar su seguridad.