Ya no será el viernes 31 de enero, sino que el jueves 30 al mediodía en la Sala de Sesiones de la Cámara Alta, por disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien avaló que no se entrevisten a los 600 aspirantes a juzgadores que registró el Comité de Evalución del Poder Judicial
La prohibición de los vapeadores desde su primer decreto en 2020 ha tenido una serie de episodios corruptos en la Cuarta Transformación y su continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los protagonistas han sido personajes cercanos al primer círculo de confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador: Julio Scherer Ibarra y Yeidkol Polevnsky. El primero traficó influencias con la SCJN, cuyos ministros otorgaron amparos a la tabacalera que lidera el mercado del cigarro electrónico. La segunda mediante conflictos de interés con los legisladores y la tabacalera que pelea su participación en el monopolio de ese producto en México. La estrategia prohibicionista a nivel político no apunta a proteger la salud de los mexicanos, sobre todo los jóvenes, y mucho menos a frenar y prevenir el tabaquismo.
Al clausurar la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), afirmó que no tiene la menor duda de que el pueblo “quiere vivir con paz y tranquilidad, que las nuevas generaciones de juzgadores y juzgadoras deberán trabajar con muchos mayores retos para que esto ocurra ante la concentración evidente de poder, para que impere el Estado constitucional y democrático de derecho”
La reciente reforma al Poder Judicial en México, promovida principalmente por figuras de Morena y sus aliados, ha desatado una tormenta de críticas y controversias. En el núcleo de esta iniciativa se encuentran cambios de gran magnitud que amenazan con alterar la estructura y la autonomía del sistema judicial. Aunque sus impulsores afirman que se…
Allí, en la SCJN se concentran muchos de los vicios de corrupción que mantienen aletargada la impartición de justicia en algunos de los tribunales de circuito y muchos juzgados de distrito en todo el país.
Al encabezar la última de 15 reuniones del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, pidió al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que se sumen a un diálogo plural que analice las afectaciones de la reforma en el futuro de la justicia en el país. La presidenta de La Corte y el CJF detalló los principales desafíos detectados en el mayor ejercicio de escucha a la ciudadanía
“Se requieren perfiles adecuados más allá de la edad, ciudadanía o antigüedad de un título profesional; es necesaria una carrera judicial sólida o en caso de que no se cuente con ella, que las y los aspirantes cumplan con exámenes de oposición. Solo así se cerrará la brecha para la injerencia de terceros”, mencionó
Es la más grave de las medidas cautelares previstas, porque atenta contra la presunción de inocencia.
En la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir mediante el voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) se están metiendo los partidos políticos. Este domingo en un foro organizado por Morena en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, en el que participaron la ministra Lenia Batres, Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena, y el profesor de Derecho, Federico Alcalá, un grupo de trabajadores del Poder Judicial solicitaron el micrófono para expresar su inconformidad de que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en funciones participe en un evento partidista y promueva la candidatura del diputado Hamlet García Almaguer, quien en sus participaciones en medios digitales ya lo perfilan como candidato a ministro.
Si de por sí el Gobierno mexicano sólo ha atendido el cinco por ciento de 80 recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diferentes temas en los últimos nueve años -2015 a 2023-, ahora los jueces mexicanos no estarán obligados a integrar sus opiniones consultivas para emitir sentencias y solamente serán una “orientación” si su criterio personal les dicta que benefician a las personas, como lo determinó este lunes el voto mayoritario del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)