Todavía no están especificadas las multas, órdenes de aprehensión o sanciones para quienes produzcan, distribuyan o vendan cigarrillos electrónicos o vapeadores, mucho menos para los usuarios de dichos dispositivos ya sea en la vía pública o en lugares cerrados, sin embargo, usuarios de vapeadores ya están siendo perseguidos, detenidos y extorsionados por elementos policíacos en las calles.
La prohibición de los vapeadores desde su primer decreto en 2020 ha tenido una serie de episodios corruptos en la Cuarta Transformación y su continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los protagonistas han sido personajes cercanos al primer círculo de confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador: Julio Scherer Ibarra y Yeidkol Polevnsky. El primero traficó influencias con la SCJN, cuyos ministros otorgaron amparos a la tabacalera que lidera el mercado del cigarro electrónico. La segunda mediante conflictos de interés con los legisladores y la tabacalera que pelea su participación en el monopolio de ese producto en México. La estrategia prohibicionista a nivel político no apunta a proteger la salud de los mexicanos, sobre todo los jóvenes, y mucho menos a frenar y prevenir el tabaquismo.
La medida prohibitiva obligará a regresar a los dos millones de mexicanos que hoy están vapeando al cigarro convencional, ya que tendrán que conseguir los dispositivos y las sustancias para usarlo en el mercado negro -contrabando- controlado por el crimen organizado. Pondrá en riesgo la salud de los consumidores porque estarán adquiriendo productos sin regulación sanitaria en establecimientos no autorizados. No frenará los altos índices de tabaquismo, ni protegerá la salud de los fumadores y mucho menos reducirá el incremento del consumo del cigarro entre los menores de edad. Asimismo fomentará la evasión fiscal.