El pasado 22 de julio, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la casa de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fue allanada. Ante los hechos, el Centro denunció la ineptitud y el pésimo apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de las agencias de policía estatales y municipales.
La inclusión de los jueces sin rostro en Perú con Alberto Fujimori en la década de los años noventa no funcionó para reservar la identidad de los juzgadores que enfrentaban a grupos terroristas, pero sí para el control total de las instituciones por parte del Poder Ejecutivo. El resultado fueron detenciones y juicios masivos ante tribunales civiles y militares sin rostro, violando el debido proceso y el derecho a la defensa de los ciudadanos que hasta en la actualidad se dimiten en organismos internacionales, en un contexto de implementación de políticas de corte neoliberal. En el caso actual de El Salvador con Nayib Bukele, esa figura ha llevado a la opacidad total de los procesos penales y encarcelamientos masivos con el pretexto de someter a las pandillas. Allí las fuerzas policiales y militares violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los salvadoreños. En México, se esperan similares consecuencias con la Reforma Judicial que incorporó a los jueces sin rostro, que llegan con la militarización de la seguridad pública, la estrategia para el combate a cárteles del narcotráfico, donde las Fuerzas Armadas decidirán quiénes podrán seguir su proceso en libertad y demostrar su inocencia, teniendo como escenario los megaproyectos de infraestructura y políticas económicas también de corte neoliberal de AMLO.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019 a 2024 ha recibido 3 mil 480 quejas contra la Guardia Nacional y la Sedena, de las cuales, 99% no tienen recomendación, la titular del órgano autónomo, Rosario Piedra Ibarra, aseguró que en la Cuarta Transformación las Fuerzas Armadas se han centrado en la protección de la ciudadanía y no en actos de violencia contra la población, porque actúan bajo un mando civil -la Presidenta de la República- y no se han ordenado ataques directos a la población, a diferencia del sexenio de Felipe Calderón, en respuesta a las críticas a su corrupto desempeño y sumisión al Gobierno federal
La prioridad en la gestión de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, fue el proyecto político de AMLO, no la atención de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas por parte del Estado, que suman 164 en este sexenio, donde los casos más preocupantes de omisión son los relacionados con la defensa de los activistas y periodistas; la inexistencia de una iniciativa frente a la crisis de desapariciones que vive el país, que ha superado las 330 mil personas, al igual que con la violencia feminicida. Además del silencio frente a la militarización de la seguridad pública al pasar la Guardia Nacional al mando del Ejército y al desechar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Judicial.